La Autoridad Bancaria Europea (EBA), un regulador bancario clave dentro de la Unión Europea, busca renovar las reglas existentes sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo (LMA/FTC) para proveedores de criptomonedas. La EBA ha identificado la necesidad de pautas más sólidas, ya que el marco regulatorio actual se considera insuficiente para garantizar el cumplimiento de LMA/FTC entre proveedores de cripto.
Cambios Regulatorios Propuestos
En un documento de consulta publicado recientemente, la EBA ha propuesto una serie de nuevas pautas industriales para abordar estos problemas. La autoridad ha abierto el debate para recibir comentarios y opiniones de partes interesadas hasta el 26 de febrero de 2024. Los cambios propuestos son de dos tipos:
- La EBA sugiere una armonización de los criterios de LMA/FTC para proveedores de servicios de pago (PSP) y proveedores de servicios de activos criptográficos (CAS).
- También aboga por un requisito obligatorio para que los CAS mejoren la interoperabilidad del protocolo de sus monederos alojados para facilitar la transmisión de información de manera fluida y eficiente.
Requisitos Adicionales para los CAS
Bajo las nuevas reglas, los CAS estarían obligados a recopilar y mantener información sobre direcciones auto-alojadas. Deberían garantizar que la transferencia de criptoactivos pueda identificarse individualmente y verificar si la dirección es propiedad o está controlada por el cliente del CAS. La EBA ha establecido el umbral de cumplimiento en una cantidad de transferencia superior a 1000 euros, aunque no está claro si se trata de un límite mensual, diario o único.
Cronograma de Implementación
Tras el proceso de consulta, la EBA planea implementar las nuevas pautas el 30 de diciembre de 2024. Esta medida sigue a una serie de otras iniciativas de la EBA, incluido un documento de consulta que evalúa la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y accionistas en emisores de tokens referenciados a activos (ART) y CAS, y el estímulo a los emisores de stablecoins para adherirse voluntariamente a principios rectores específicos relacionados con la gestión de riesgos y la protección al consumidor.
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